SE DEBE ACELERAR EL DESESCALAMIENTO

 

 

SE DEBE ACELERAR EL DESESCALAMIENTO

Informe de la veeduría al cese unilateral del fuego de las FARC-EP Julio 20 – Agosto 20

Frente Amplio por la Paz, las Iglesias y Constituyentes por la Paz con Justicia Social.

 

1.INTRODUCCIÓN

 

En las conversaciones que se adelantan en La Habana, Cuba, para llegar a la terminación del conflicto armado la delegación de las FARC-EP acogió el llamamiento hecho por los países garantes y acompañantes de los diálogos de paz, en el sentido de expresamente solicitar a las partes “el desescalonamiento urgente del conflicto armado, restringir al máximo las acciones de todo tipo que causan víctimas y sufrimiento, e intensificar la implementación de medidas de construcción de confianza, incluyendo la adopción de un acuerdo de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y otro sobre los derechos de las víctimas.”[1]. Concretamente se anunció la decisión de realizar un cese unilateral a partir de las 00:00 horas del 20 de julio hasta el 20 de agosto. Posteriormente, en el comunicado conjunto No. 55 titulado “Agilizar en La Habana y desescalar en Colombia” tanto el Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometieron, el primero, a poner en marcha un proceso de desescalonamiento de las acciones militares en correspondencia con la suspensión de acciones ofensivas por parte de las FARC-EP y el segundo, a mantener la suspensión unilateral de todo tipo de acciones ofensivas.

Ésta no es la primera vez que en el transcurso del actual proceso de paz las FARC-EP anuncian un cese unilateral[2],con el presente son seis los que se han realizado. Sin embargo, el cese unilateral que fue anunciado recientemente  por periodo de un mesha sido prolongado.

En esta ocasión las FARC-EP pidió a Constituyentes por la Paz con Justicia Social, las Iglesias y a un sinnúmero de organizaciones interesadas en realizar la veeduría, para que se uniesen al trabajo desarrollado por el Frente Amplio por la Paz, la Democracia y la Justicia Social en el anterior cese unilateral y que dejó como resultado seis informes, entre diciembre de 2014 a mayo de 2015.

Atendiendo a esta peticiónpor su importancia para la paz, el contenido humanitario que el cese unilateral significa y como aporte a establecer la verdad en el conflicto, el Frente Amplio por la Paz, Constituyentes por la Paz con Justicia Social y las Iglesias con sus comunidades rurales y popularespresentes en los territorios en conflicto armado, comenzamos un proceso de diálogo, capacitación y adopción de una metodología conjunta,para realizar una veeduría a partir de la recolección y triangulación de diversas fuentes. Creemos que nuestro aporte y capacidad distintiva frente a otros ejercicios de veeduría, monitoreo o verificación, radica en el hecho de nuestra presencia en diversos territorios de la geografía nacional y que nuestras organizaciones realizan observación y análisis continuos de la situación de los derechos humanos y del estado del conflicto armado en el país.

Se acordó una metodología para recolección, organización y análisis de la información. La recolección de información se hizo a través del seguimiento a fuentes directas e indirectas. Las fuentes directas fueron personas vinculadas a procesos organizativos y miembros de iglesias ubicadas en diferentes regiones del país que registraron los hechos por medio de trabajo de campo. Las fuentes indirectas consultadas fueron medios de comunicación locales y nacionales, informes y comunicados de prensa oficiales. La atencióna la fuente regionales fundamental, considerando eltestimoniodirecto como una categoría principal en la veeduría. En los casos donde se presentaron diferentes versiones sobre un mismo hecho, primó para la categorización que la información fuera suministrada por una fuente directa.

Julio es el mes con menor actividad violenta del conflicto armado colombiano desde 1974[3], lo confirmamos a través deregistros de cerca 60 fuentes directas e indirectas, y visitas a La Paz, Arauca; Playa de Belén en el Catatumbo; Puerto Asís, Putumayo y el Mango, Cauca, junto a reportes de Córdoba, Antioquia, Chocó, Tolima, Caldas y Risaralda entre otros. No obstante en este mes se han conocido seis denuncias de hechos concretos de bombardeos[4].

Sobre el helicóptero Black Hawkaccidentado el 4 de agosto en Urabá, en un primer momento algunos medios de comunicación y actores políticos denunciarona las FARC-EP como causante del hecho y por ende de romper el cese unilateral. Posteriormente fuentes científicas y técnicas desmintieron esta posibilidad.

Cabe destacar que el lenguaje de guerra tanto del gobierno como de las FARC-EP se ha modulado. Particularmente, por parte de gobierno, es positivo el lenguaje con que se comunica el nuevo Ministro de Defensa.

 

Es importante resaltar el pronto reconocimientode las FARC-EP en el asesinato del líder afro descendiente Genaro García.

 

2.VALORACIÓN DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL CESE UNILATERAL Y EL DESESCALONAMIENTO

 

Las FARC-EP levantó en mayo el cese unilateral que había declarado el 20 de diciembre de 2014, por el bombardeo de las FAC a uno de sus campamentos en el que murieron 26 guerrilleros. Posterior a ello atravesamos un período de mes y medio con el más alto escalonamiento del conflicto durante lo que va corrido del proceso de diálogo, con 83 ataques según información recogida por la Fundación Paz y Reconciliación[5].

Por su parte, en declaración pública del 12 de julio,el Presidente Juan Manuel Santos, se comprometió a tomar medidas de desescalonamiento, planteando que habría un periodo de cuatro meses para medir los avances del proceso de pazy determinar la continuidad o final del proceso de diálogo con las FARC-EP. Este anuncio presidencial se presenta después que los negociadores anunciaron que han llegado a un acuerdo sobre los términos en los que se desarrollará un cese al fuego bilateral. El día 25 de julio, cinco días después de que las FARC-EP iniciaran su cese unilateral del fuego, el presidente Juan Manuel Santos ordenó a las Fuerzas Militares suspender los bombardeos a campamentos del grupo insurgente, como una medida concreta de desescalonamiento.

Las FARC-EP han cumplido en un alto porcentaje el cese unilateral al fuego, especialmente frenando sus acciones ofensivas contra la fuerza pública, contra la infraestructura económica y contra las instalaciones militares o civiles del Estado colombiano en los centros poblados. Este cumplimiento no estuvo exento de denuncias de supuestos incumplimientos por parte de la FARC-EP, aunque en menor número que en otras ocasiones, para CERAC por ejemplo, el mes de ejecución del cese unilateral es el mes de menor acciones violentas desde 1974[6].

Aun así tenemos que destacar que se presentaron situaciones complejas. La muerte en combate del soldado profesional Wilson Orlando Tique Díaz, de 24 años. Los hechos se registraron en la vereda Santa Helena, en el municipio de Mesetas, Meta. Tropas de Fuerza de Despliegue Rápido estaban realizando operaciones de control territorial, cuando encontraron un depósito ilegal en el que había material de guerra de las FARC-EP.Igualmente el asesinato del líder étnico Genaro García, representante legal del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, ocurrida el pasado 3 de agosto[7]. Las FARC-EP han reconocido la autoría de este asesinato.

Por su parte el Gobierno ha dado aplicación en un buen porcentaje a su decisión de desescalonamiento del conflicto, al parar el uso de bombardeos contra las fuerzas de las FARC-EP y sus campamentos. Hasta el momento se han conocido seis denuncias de hechos concretos de bombardeos[8], los cuales han sido presentados por el Ejército Nacional como parte del cumplimiento de la operatividad militar contra el narcotráfico y en operaciones de control territorial, pero en la práctica han significado un riesgo para el mantenimiento del cese unilateral.

El pasado 20 de agosto, las FARC-EP anunció la prolongación delcese unilateral por cuatro meses. Al mismo tiempo denunciaron dos ataques militares por parte del Ejército. En las dos operaciones de bombardeos, perdieron la vida tres guerrilleros[9]. Estas acciones, más otras tres del mismo tipo, fueron corroboradas por denuncias de las comunidades de Córdoba, Putumayo y Caquetá (Anexo: “Ametrallamiento y bombardeos por parte de la fuerza pública”).

Por otra parte desde varias comunidades se recibieron informacionesque el ejército ha aumentado su accionar en zonas que anteriormente no tenía presencia, pero su irrupción se ha desarrollado con acciones de presión contra las comunidades, estigmatizando las poblaciones, ocupando bienes de uso civil como colegios y también desarrollando acciones de empadronamiento.

Otras denuncias correspondieron al desarrollo de combates, que no tienen confirmación de quien inició la acción ofensiva: El 24 de julio en la vereda Puerto Rico del Municipio Anorí, Antioquia, se presentó un combate entre el Ejército y guerrilleros del Frente 36 de las FARC-EP en el que murieron dos guerrilleras. El hecho fue producto de un “asalto a un comando guerrillero” por parte del Ejército[10]. Al igual que éste, se registraron siete enfrentamientos en los que murieron cuatro guerrilleros y un sargento de la fuerza pública.

El nivel de cumplimiento de las partes a sus compromisos renueva las esperanzas que pronto podamos llegar a un cese bilateral al fuego y hostilidades definitivos. Las partes han dado muestra de tener un altointerés para mantener el proceso de diálogo y crear las condiciones para cesar las operaciones militares, manteniendo un discurso adecuado de responsabilidad y un cuidado en el manejo de las aseveraciones, con una disposición a investigar las denuncias presentadas y a tomar responsabilidades por posibles hechos que contradigan los compromisos.

Las acciones que se han denunciado, alguna de las cuales han sido aceptadas por las partes, no comprometen en específico ni el cese unilateral decretado por las FARC-EP, ni los compromisos de desescalonamiento por parte del Gobierno, aunque en sí mismo estas pueden haber constituido violaciones a los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Esta afirmación la hacemos teniendo en cuenta estrictamente los compromisos adquiridos por las partes, de cese unilateral de acciones ofensivas y por otra parte la medida de desescalonamiento (en concreto los bombardeos).

Hacemos un llamado a las partes, para que mantengan su disposición y voluntad a cumplir sus compromisos, así mismo a aumentar el nivel de cumplimiento del mismo, incluyendo cesar cualquier acción que ponga en riesgo o afecte a la población civil y tomar otras medidas para disminuir el conflicto y crear las condiciones para un cese bilateral definitivo.

Sin embargo, el cese unilateral se desarrolla en un contexto de desconfianzas y ataques políticos al mismo por parte de sectores opuestos al proceso de paz, que han pretendido desconocer su veracidad.A pesar de la disminución de las acciones ofensivas por parte de las FARC-EP y del desescalonamiento por parte del Gobierno, los ataques y críticas contra el proceso de paz no han cesado, especialmente por parte del partido político Centro Democrático.

3.HECHOS RELEVANTES EN LA TREGUA UNILATERAL: 20 DE JULIO DE 2015- 20 DE AGOSTO 2015

 

A continuación se describen hechos que ocurrieron entre el 20 de julio y el 20 de agosto de 2015 y que fueron objeto de veeduría por parte del equipo nacional.

3.1.Acciones de las FARC-EP

Las comunidades locales han certificado el cumplimiento del cese unilateral. No se registraron acciones ofensivas contra el ejército, la policía o cualquier cuerpo armado del estado, como tampoco acciones contra la infraestructura[11].

En el período del informe se presentaron cuatro hechos en los que la fuente manifestó que el presunto responsable podría ser las FARC-EP. El primer hecho registrado fue el 21 de julio en el municipio de Mesetas, Meta donde tropas de fuerza de despliegue rápido encontraron un depósito con material de guerra y al parecer se presentaron enfrentamientos con guerrilleros del Frente 40 de las FARC-EP[12]; sin embargo el grupo guerrillero manifestó que no presentaron enfrentamientos y atribuyeron la muerte del soldado a un caso de fuego amigo entre unidades militares o por una mina[13].

En el segundo hecho, el 21 de julio, se detonó un artefacto que era transportado dentro de una cantina de leche, en el municipio de Yarumal, Antioquia. En el hecho no se presentaron heridos ni daños materiales. Algunos medios de comunicación atribuyeron el hecho al Frente 36 de las FARC-EP, sin embargo las autoridades manifestaron no tener certeza del responsable[14].

El tercer hecho se registra con fecha del 24 de julio en el barrio Los Conquistadores de Medellín, donde explotó un artefacto explosivo. Según la fuente, las autoridades no confirmaron si se trata de una acción del Frente 36 de las FARC-EP o de un ataque por parte sectores que se oponen al proceso de paz[15].

Finalmente, el 17 de agosto en el municipio de Caloto, Cauca se presentó un hostigamiento contra la estación de policía. Este cuarto hecho fue atribuido a las FARC-EP por un periódico[16].

Además se presentaron algunos hechosen que hay indicios de acuerdo a los cuales la responsabilidad podría atribuirse a las FARC-EP, aunque no se trata de acciones que amenazaron el cumplimiento del cese al fuego unilateral. Uno de ellos ocurrió en la mañana del miércoles 22 de julio cuando fue incinerado un bus intermunicipal perteneciente a la empresa Flota la macarena, en la vía que comunica a San Juan de Arama con Vista Hermosa, Meta,aunque el hecho no dejó personas lesionadas. Por su parte, las autoridades anunciaron iniciar la respectiva investigación para establecer quién o quiénes participaron en la quema del bus. En el sector opera el Frente 27 de las FARC-EP[17].

3.2.Acciones de la Fuerza Pública

Frente anuncio de desescalamiento de las acciones por parte del Presidente Santos, que implicarían reducir las operaciones militares en contra del grupo insurgente, las comunidades del país verifican que en sus territorios que el compromiso ha sido parcialmente violado.

Se denunciaron ataques aéreos de las fuerzas militares sobre los campamentos del Frente 14 de las FARC-EP en zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá[18]; se presentaron sobrevuelos y bombardeos al igual que operativos militares en las zonas rurales de los municipios de Toribio, Caloto, Corinto y Belalcázaren el Cauca[19]. En zona rural del municipio de Puerto Libertador, al sur de Córdoba, se presentaron reiterados bombardeos aéreos sobre la zona rural del municipio de San Miguel, en Putumayo, que hirieron diez personas y averiaron ocho casas[20]. Además de las constancias hechas por las mismas comunidades, las FARC-EP señalaron otras violaciones al compromiso de cesar bombardeos en el departamento de Putumayo (el 27 de julio en Puerto Guzmán y el 4 de agosto en San Miguel)[21].

Los enfrentamientos comprometieron diferentes unidades tácticas tales como tropas de las fuerzas de tarea así como de batallones, adscritas a brigadas y brigadas móviles. Algunos de los combates derivaron de operativos de registro y control y otros de ofensivas sostenidas en los territorios de repliegue de las estructuras guerrilleras en cese. Los enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla se presentaron en varias regiones del país como en el caso de las zonas rurales de los municipios de Chaparral, Tolima; San Vicente del Caguán, Caquetá; el Castillo, Meta; Anorí, Antioquia, que dejaron un militar y dos guerrilleros muertos.

No obstante, por tratarse de acciones amparadas dentro de sus funciones constitucionales, las capturas contra presuntos integrantes de las FARC-EP o de sus redes de apoyo expresa el escalonamiento de la ofensiva gubernamental en esta materia. Las detenciones de presuntos guerrilleros de las FARC-EP o de presuntos miembros de sus redes de apoyo que se mantuvieron a lo largo del periodo de observación, sumaron alrededor de cuarenta capturas en operativos que se desarrollaron principalmente en los departamentos de Huila y Nariño[22].

En el marco de sus operaciones fueron varias las acciones de la fuerza pública con afectación a la población civil. En el caso del departamento del Putumayo se presentó el desplazamiento forzado de numerosas familias a causa del riesgo que supusieron para su integridad acciones de la fuerza pública como el lanzamiento de morteros, además de causar heridas a civiles y la destrucción de sus viviendas[23].

En el departamento de Córdoba las dos zonas donde tienen presencia las FARC-EP, al sur del departamento (Frente 18, Móvil Mario Vélez) y en el Alto Sinú (Frente mixto -antes Frente 58 y Frente V y la columna Móvil Mario Vélez), continuaron siendo objeto de una fuerte militarización. La militarización se ha visto acompañada de bombardeos aéreos que en el sur de Córdoba, en la vereda Mutatá del municipio de Puerto Libertador, han sido reiterativos desde el 01 de agosto de 2015. En el alto Sinú la presencia de fuerza militar a partir del inicio de la tregua fue constante y muchas comunidades se encuentran asediadas por la fuerza pública[24].

4.SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, PERSECUCIÓN AL MOVIMIENTO Y LA PROTESTA SOCIAL, Y ACTUACIÓN DEL PARAMILITARISMO

4.1.Contexto:

 

Se han conocido hechos en la vida nacional, que han marcado puntos de inflexión en la presente coyuntura.El anuncio de la posible salida de prisión de varios comandantes de las AUC, entre ellos, Ernesto Báez[25] y de alrededor de 10 jefes paramilitares que estarían el libertad en los próximos días, sumado a la presencia en los territorios a lo largo y ancho del país  de estructuras paramilitares conocidas como Autodefensas Gaitanistas, Rastrojos, Águilas Negras, Clan Úsuga, entre otros,  evidencia que la desmovilización a través de la Ley 975 de 2005 de “Justicia y Paz”  desconoció los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación integral con garantías de no repetición, para que hechos como los que se presentaron no volvieran a ocurrir.

La presentación preliminar del III Censo Nacional Agropecuario, ratifica la importancia del primer punto de la agenda de La Habana para la resolución de factores históricos generadores del conflicto: política de desarrollo agrario integral. Dicha política es fundamental porque promueve:  a. El acceso y el uso de la tierra, ante la evidente concentración de la tierra en pocas manos mostradas por el censo; b.  La integración de las regiones ante el alejamiento histórico del Estado de los territorios; c. La necesidad apremiante de mayor desarrollo social y un sistema de seguridad alimentaria, ante la brecha social y una pobreza de más de la mitad de la población del campo presentada por el Censo Agropecuario.

La consolidación de medidas militares, policivas y jurídicas denotan serias restricciones a la acción de los movimientos sociales, defensores de derechos humanos, al derecho a la protesta social, y la crisis de la UNP- Unidad Nacional de Protección- con hallazgos de corrupción por parte de la Fiscalía y entes de control, junto con denuncias que tienen que ver con infiltración de paramilitares dentro de algunos esquemas de protección.

  1. Situación Social De Defensores De Derechos Humanos Y Comunidades

Este aparte establece las principales dificultades y patrones de la situación de defensores de derechos humanos, la forma de criminalización de la protesta social, la persecución al movimiento social y el accionar del paramilitarismo. Las dimensiones del conflicto que vive Colombia no solo son de corte armado, sino principalmente sociales y políticas.En la actualidad se continúan presentando amenazas, montajes judiciales, ataques y asesinatos de defensores de derechos humanos, líderes sociales y políticos, reclamantes de tierras, campesinos, indígenas, afrodescendientes, etc. como lo hemos venido constatando, en diferentes regiones del país y como lo señala un informe reciente de la ONU, en los primeros 6 meses de 2015, fueron asesinados 69 defensores de derechos humanos, líderes políticos y sociales, 25 más sufrieron atentados, 334 fueron amenazados y 4 detenidos arbitrariamente; además durante el presente mes de veeduría, se presentan situaciones que han afectado a personas y organizaciones de varios departamentos.[26]

 

4.3.Amenazas Y Atentados Contra La Vida E Integridad De Defensores De Derechos Humanos Y Comunidades

 

Según la Mesa de Cerros, en localidades de Bogotá, especialmente del sur se continúan ejerciendo formas de control social paramilitar:circulación de panfletos amenazantes, con toques de queda contrajóvenes y miembros de las localidades, señalando que serán asesinados si se encuentran después de las 10 pm fuera de casa.En los últimos días de julio se establecieron nuevas denuncias, que se suman a las que se perpetraron en meses pasados contra comunicadores alternativos, donde se detecta la presencia de paramilitares en el cerro del costado norte en Bogotá, configurando además de amenazas contra Nicolaza Díaz y hostigamientos contra diferentes miembros de la Mesa de Cerros.

 

La Mesa Comunal por Vida Digna de Remedios, La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño –CAHUCOPANA- y la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra –ACVC- emitieron denuncia frente a las graves amenazas en contra del dirigente campesino y minero Eduar González Vaquero, quién recibió varios mensajes amenazantes. Eduar, es presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Panamá 9, jurisdicción del municipio de Remedios (Antioquia), además Eduares miembro activo del movimiento social y político Marcha Patriótica y a la vez fue elegido por las comunidades y organizaciones campesinas como cabeza de lista al Concejo de este municipio por este movimiento, en alianza con MAIS –Movimiento Alternativo Indígena y Social–. De igual manera manifiestan su rechazo por el asesinato del candidato al Concejo de Segovia, Héctor Cortés, quien ostentaba la calidad de dirigente sindical y posteriormente luchador por los derechos de los pequeños mineros en el municipio de Segovia.[27]

 

El caso Gilmer Genaro García, líder étnico y social.El día 3 de agosto en la carretera que conduce de Chivili al corregimiento de San Luis Robles, en la zona rural de Tumaco, el líder y representante del Consejo Comunitario de Altamira y Frontera, perteneciente al proceso de comunidades negras y miembro de Congreso de los Pueblos, fue asesinado según informaciones de la comunidad, por el Frente Daniel Aldana de las FARC-EP. Las FARC-EP, en comunicaciones posteriores, anunció una investigación, en la cual el día 24 de agosto manifiesto “que efectivamente unidades de la Columna Móvil Daniel Aldana se encuentran comprometidos en la comisión de tan condenable acto”[28], a reglón seguido reconocen que estos hechos golpean los procesos de organización y que contradicen  la política de las FARC-EP sobre el comportamiento con la población civil y anuncian posterior a la investigación, una sanción de todos los mandos y combatientes involucrados en la comisión de dicho delito”[29].

El trabajo que desempeñaba Genaro, venía siendo reconocido por soportar las políticas de despojo de gobiernos de turno, y por defender su derecho como pueblo a permanecer en el territorio. Desde la veeduría llamamos la atención sobre este grave hecho acaecido en el marco del conflicto armado, y al que llamamos a la insurgencia de las FARC-EP, a mantener el respeto por la vida de la población civil.

4.4.Estigmatizaciones, Criminalización Y Judicializaciones Contra Líderes Sociales Y Políticos, Defensores De Derechos Humanos Y Organizaciones

 

Desde las propias instituciones del Estado y de la sociedad colombiana se ha emprendido una serie de acciones que ponen en grave riesgo la vida, integridad personal y restricciones al ejercicio democrático de líderes y lideresas sociales y políticos, dejando por sentado en muchos casos se  trata de propinar ataques con criterio de sistematicidad en contra de miembros y organizaciones de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; que ha venido anunciando nuevas movilizaciones por la defensa en todo el territorio nacional del agro, el campesinado, los pueblos originarios, afrodescendientes y los sectores populares en general.

 

Tal es el caso presentado a finales de julio, con  los voceros de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y dirigentes campesinos Olga Quintero y Cesar Jerez,  sometidos a fuertes estigmatizaciones por su liderazgo en el impulso de las ZONAS DE RESERVA CAMPESINA[30], donde específicamente desde el Centro Democrático se les vincula y se les relaciona por su actividad con las ZRC, con la guerrilla de las FARC-EP. Por otro lado, el programa Séptimo Día de Canal Caracol, transmitió en tres capítulos una serie titulada: “Desarmonización; la flecha del conflicto”, donde de manera grave se puso en riesgo la integridad, supervivencia y proyectos de vida de todas las comunidades Indígenas, especialmente de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, al ser señalados de guerrilleros, corruptos, desequilibrados entre otros que constituyen tratos degradantes y discriminatorios, tal como lo viene denunciando la ONIC[31]

 

Capítulo especial nos merece el caso de Congreso de los Pueblos, organización perteneciente a la Cumbre Agraria, en donde 13 jóvenes resultaron detenidos e injustamente judicializados, reconocidos por sus actividades desde el movimiento juvenil, de mujeres y comunitario por su fuerte compromiso con las reivindicación de los derechos humanos; sin el debido proceso y sin más acervo probatorio que el haber participado de jornadas de protesta social, se les profirió medida de aseguramiento, el día 28 de julio. Además desde el 16 de julio, miembros de Marcha Patriótica y de la fundación DHOC – Fundación por la  Defensa de los Derechos Humanos-, Ingrid Pinilla lideresa campesina del Guaviare, Vicepresidenta de ASCATRAGUA, Juan Ramiro Atehortua líder campesino y comunicador de la Agencia Colombiana de prensa Rema –Accp-, Esmer Montilla Gutiérrez líder campesino y presidente de DHOC, José Samuel Rojas Mora líder campesino, se encuentran detenidos imputándoseles hechos como secuestro simple, en el marco de mediaciones realizadas por ellos en su papel como defensores de derechos humanos, con la anuencia de la propia Defensoría del Pueblo en el desarrollo de las movilizaciones campesinas de 2013[32], que dieron origen a la conformación de la Mesa Única Agraria a través del Decreto 870 de 2014 conformada por las organizaciones de la Cumbre Agraria.

 

Otro patrón que llama la atención de la veeduría es el presentado contra dirigentes políticos alternativos y de izquierda, donde además de amenazas sistemáticas contra su irrupción en los diferentes territorios del país, se vienen presentando graves detenciones como el caso anteriormente mencionado de Juan Ramiro Atehortua Precandidato a la Asamblea Departamental del Guaviare; además el propio 20 de agosto en Guapi Cauca, agentes de policía capturaron a Plutarco Grueso, padre de Marino Grueso. Miembro de MOEPP-Movimiento Étnico y Popular del Pacifico- candidato de la Unión Patriótica a la Alcaldía, al día siguiente en Popayán, detienen a Marino Grueso[33]. Está por demás señalar la gravedad de la situación, referente a la acción contra un movimiento político, llevado casi al exterminio, por el propio Estado en connivencia con paramilitares, y que ayer como hoy se encontraba en el marco de un proceso de paz y en momentos donde se proyectaba con candidaturas en gran parte del territorio nacional, y se suma a las amenazas surtidas en meses anteriores contra su Presidenta Aida Abella y sus miembros. Por otro lado a la persecución de carácter disciplinario contra los sectores alternativos y de izquierda, ejercida por parte de la procuraduría contra la exsenadora Gloria Ramírez y el senador Iván Cepeda, y la grave inhabilitación de 32 años contra la exsenadora Piedad Córdoba, se suma el nuevo proceso perfilado a inicios de agosto, por parte de la Procuraduría contra el Alcalde de Bogotá Gustavo PetroUrrego por el trámite del POT.

 

La Asociación de Campesinos de Ituango denunció que el día 19 de agosto de 2015 en Ituango Antioquia, miembros del BM 18 y del CTI, a través de la Fiscalía Especializada 039 de Bogotá, procedieron de manera desenfrenada y violenta a allanar, destruir y atropellar a personas por ellos sindicadas de guerrilleros; apuntalaron en las cabezas de señoras y niños armas de fuego, acompañadas de ultrajes físicos y de palabras de tan grueso calibre como el de las armas que portaban. Deteniendo a: Orlando Lopera Giraldo, Javier Darío Caro Sierra, Diego Rojas, Enrique Lopera Piedrahita, Luis Emilio Zapata, Wilson Piedrahita, Edison Taborda Sierra, Antonio Guzmán, José Daniel Jaramillo Ríos. Además desarrollarlo un proceso de allanamiento contra la casa del periodista y comunicador de Tele Antioquia Wilson Cartagena, a quien le destrozaron las puertas del apartamento. A su vez al profesor Edison Taborda Sierra, quien presta sus servicios en la Institución Educativa de la vereda El Cedral, es sumamente grave, ya que desde las vísperas fue citado a las dependencias de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia, por el señor Julio Blandón, el que remitió al profesor Taborda Sierra a otra oficina y en cuestión de cinco minutos llegaron agentes del CTI para detenerlo.

 

Dentro de las judicializaciones, la proferida nuevamente el 31 de Julio contra el profesor Miguel Ángel Beltrán, constituye el refinamiento del aparato judicial del Estado contra la libertad de cátedra y la libertad de pensamiento. Llamamos la atención sobre esta situación, que criminaliza a quien piense diferente al orden establecido, y requerimos se respete el debido proceso y la presunción de inocencia del profesor y los demás detenidos.[34]

 

Igualmente es necesario insistir en la situación de las prisiones, como lo hemos reiterado en informes anteriores.Según datos recopilados por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos –CPDH-  provenientes de organizaciones de varios departamentos del país (Bogotá, Santander, Antioquia, Cauca, Putumayo, Norte de Santander, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Meta, Caquetá y Cesar) solamente en éstos hay 395 prisioneros/as encarcelados por hechos relacionados con la protesta social; teniendo en cuenta que estos datos son solamente de algunas regiones y de personas que pertenecen a organizaciones sociales y políticas. Por otro lado el número de prisioneros/as relacionados/as con los grupos insurgentes es mucho mayor, y se encuentran sin condiciones de dignidad, ni los más básicos derechos a la salud y condiciones sanitarias y de habitabilidad de las cárceles, y por el contrario el hacinamiento, el maltrato a los/as prisioneros/as, las dificultades para la comunicación con familiares etc., establecen una doble sanción penal para las personas encerradas.

 

4.5.Accionar Del Paramilitarismo

 

El paramilitarismo en Colombia se mantiene y se viene aumentando a gran escala, se tienen denuncias de amenazas y hostigamientos por parte de grupos paramilitares en varias zonas del país. Recientemente la delegación de las FARC-EP publicó un informe en donde se alerta la presencia de grupos paramilitares; en Putumayo se ha detectado presencia de grupos paramilitares, se reconoce la existencia de la Fuerza Urbana Revolucionaria, en varios municipios de este departamento, y constantemente han llegado panfletos amenazantes firmados por La Mano Invisible – Comandos Urbanos. En el municipio del Castillo en el departamento del Meta se tiene información sobre la presencia de estructuras paramilitares que hacen  control civil al interior de los caseríos. En Mapiripan se identifican grupos que están al mando de alias “Tomate”, estructuras que se autodenominan “Del Meta” y los “Héroes o los libertadores”. En los departamentos de Chocó, Córdoba y Antioquia constantemente se ha denunciado la presencia de grupos paramilitares, al igual que en Buenaventura, en donde la violencia paramilitar nunca ha parado y muchos líderes sociales y comunitarios han sido asesinados en esta zona del país, las organizaciones de DDHH ha denunciado este tipo de situaciones  tanto a nivel nacional como a nivel internacional[35].

 

Las FARC-EP denunciaron “que la presencia de grupos paramilitares tiene paralizadas las labores de desminado humanitario que adelanta una comisión del Gobierno y de la guerrilla en la vereda El Orejón, municipio de Briceño, departamento de Antioquia”[36]. De acuerdo con ese grupo insurgente, la comunidad es constantemente intimidada por estos grupos armados que continúan ejerciendo un fuerte control de esa zona”. A esta situación de crisis humanitaria se suma la intimidación permanente de grupos paramilitares que amenazan la libre movilidad y el abastecimiento de víveres a la comunidad. Estas estructuras de terror actúan abiertamente, a ojos de todos los pobladores del municipio de Briceño, sin que las fuerzas militares y de policía desarrollen acciones contra ellos.

 

 

5.INFRACCIONES AL DIH

 

5.1.En el Catatumbo – Municipios de El Carmen y Teorama, Departamento de Norte de Santander:

 

Ante las 18 situaciones sistematizadas, que configuran hechos de violación a los derechos humanos e infracciones al DIH, denunciadas principalmente por la Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT, se pudo evidenciar la profundización de la crisis humanitaria que persiste en la región atravesada por varios elementos.Por un lado, encontramos que las acciones por parte de la fuerza pública, ejército y policía han estado principalmente ligadas a una persecución contra la comunidad y la organización, con intentos de judicialización a partir de detenciones arbitrarias, realización de empadronamientos, allanamientos ilegales, hostigamientos constantes en lugares de reuniones y a los esquemas de seguridad en los que se desplazan miembros de la organización y seguimientos a los dirigentes.

 

Así mismo, dentro de las denuncias se evidencian acciones violentas que han puesto en riesgo la vida e integridad de la población, como los hechos de disparos de proyectiles morteros desde la base militar Chapinero en el municipio el Carmen, la Vereda Chambací, situación que se había presentado en semanas anteriores en otra vereda cercana, cuestión que tuvo como consecuencia la generación de miedo y zozobra de la comunidad, teniendo en cuenta que uno de los morteros impactó en medio de dos casa de la vereda implicada.

 

Finalmente, desde principio de julio, exactamente del día 2, en el corregimiento de El Aserrío del municipio de Teorama, el Ejército Nacional ingresó y ocupó el corregimiento del Aserrío, junto con miembros de la Sijin, Fiscalía y hombres encapuchados. Esta situación generó miedo y zozobra entre los habitantes de esta parte de la región del Catatumbo, pues la población civil temía un inminente ataque de la insurgencia que opera en la región, a causa de la presencia de la fuerza pública, que se instaló en medio de la población civil y donde esta podía quedar en la mitad de un posible fuego cruzado.

 

Estos miembros de la fuerza pública se acantonaron en el parque central del corregimiento, frente a la iglesia y en las casas que se encuentran por la calle principal y de comercio del corregimiento del Aserrío, infringiendo el Derecho Internacional Humanitario (DIH) al ocupar estos bienes. De igual forma hubo tránsito de fuerza pública en las fincas de los campesinos del corregimiento, los cuales denunciaron que de manera irresponsable ellos disparan desde sus casas ubicadas en las fincas hacia las montañas.La presencia de la fuerza pública dentro de las casas de la población civil y la ocupación del parque principal el cual es transitado y utilizado por niños y jóvenes para recrearse,como se evidencia en el corregimiento del Aserrío,obliga a la población civil a ser parte del conflicto armado.

 

Así mismo se produjeron constantes allanamientos, requisas y solicitudes de documentos de identificación. Frente a este procedimiento se vio con gran preocupación que a los ciudadanos campesinos que no poseen su documento de identidad se les obligaba a que se dejaran tomar fotografías, procedimiento que es ilegal y se encuentra prohibido por la Corte Constitucional, sobre todo cuando estas fotografías posteriormente son utilizadas para realizar “falsos positivos judiciales”, orquestados por la fuerza pública para demostrar resultados frente a capturas o bajas exigidas por el Gobierno Nacional. Este hecho generó el desplazamiento forzado de casi 700 personas del casco urbano del corregimiento del Aserrío ycierre de locales comerciales, pues los campesinos no salían a comprar o vender por miedo hacer victimas de señalamientos o montajes judiciales. Entorno a esto, se han realizado dos comisiones de verificación[37].

 

5.2.Resguardo indígena de Huellas, Municipio de Caloto, Departamento del Cauca:

 

El día 7 de junio del 2015, en el municipio de Caloto, en el Resguardo Indígena de Huellas, Vereda Carpintero, aproximadamente a las 6:00 a.m., cuando la comunidad indígena Nasa (compuesta por aproximadamente de 400 comuneros) estaba iniciando sus labores diarias del sector, se percató que desde la parte alta de la vereda descendía un contingente de militares (más tarde se pudo constatar que pertenecían a las brigadas Móviles No. 14, 17 y 37 y de Comandos de Operaciones Especiales COPES - GOES adscritos operacionalmente de la Fuerza de Tarea Apolo orgánicas a la III División del Ejército Colombiano). Se dio  un operativo militar donde llegaron a las viviendas de los pobladores, ingresaron a la fuerza y apuntaron sus armas de dotación en contra de indígenas indefensos.Se registraron disparosdearmas de dotación al interior de los predios al aire y contra las paredes.Luego los uniformados requisaron los hogares y señalaron a los pobladores de ser auxiliadores o integrantes de la guerrilla. Posteriormente preguntaron por la ubicación de la guerrilla mientras rodeaban la zona y finalmente realizaron recopilación fotográfica y video gráfica de los pobladores. A un poblador de la zona un grupo de militares intento ponerle a la fuerza un uniforme camuflado.

 

También utilizando los hogares indígenas como trincheras de ataque y de defensa dispararon indiscriminadamente sus armas de dotación desde y en dirección a varias viviendas de pobladores de la vereda, donde los habitantes se encontraban tirados en el piso, encerrados en sus casas y/o debajo de las camas. Los impactos de arma de fuego afectaron fachadas, techos y pisos, baterías sanitarias y enseres de varias viviendas[38].

 

5.3.El Mango, Municipio de Argelia, Departamento del Cauca:_

 

Con los antecedentes de graves situaciones acaecidas en años anteriores, especialmente del 22 y 23 de junio de 2015, donde era latente la posibilidad de que perjuicios irremediables hacía la comunidad se dieran por acción de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, con ocasión del no reconocimiento del principio de distinción de bienes civiles y militares, y de combatientes y no combatientes, un grupo de aproximadamente 1000 civiles decidieron, cerca de las trincheras que resguardan la estación de la policía, establecer un diálogo pacífico y solicitar posteriormente la salida de la policía. Sin embargo,ainicios del mes de agosto, continua la presión militar sobre la población, especialmente conla estigmatización de la población y la ocupación y destrucción de bienes civiles (fincas) en el mismo corregimiento del Mango, pero en la parte alta, cerca dela vereda de Campoalegre, generando desplazamiento de gran parte de los habitantes del caserío[39].

 

6.RECOMENDACIONES:

A las partes

Dar garantías y respaldo a la labor de verificación en todo el país.

Pactar lo más pronto posible el cese bilateral al fuego y de hostilidades definitivo aprovechando los avances logrados en la subcomisión para la terminación del conflicto.

Mantener el desescalonamiento verbal y la decisión de permitir la clarificación de las denuncias presentadas antes de emitir juicios y atribuir responsabilidades definitivas sin conocerse todos los elementos sobre los hechos ocurridos.

A las FARC-EP

Esclarecer los hechos con evidencias que hagan honor a la verdad en los casos en los que hay indicios de acuerdo a los cuales la responsabilidad podría atribuírseles.

Establecer un mecanismo de comunicación con la Fuerza Pública y las instancias gubernamentales encargadas de esclarecer hechos bélicos ocurridos en los territorios.

Asegurar que su presencia territorial se desarrolle dentro del respeto al Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, evitando afectar a la población civil.

Al Gobierno

Ampliar y especificar con rigor las medidas de desescalonamiento. La ampliación de estas medidas, su especificación, así como su debido cumplimiento por parte de todas las tropas de la Fuerza Pública permitirá verificar con mayor precisión el cese al fuego continuado.

Tomar medidas para frenar la continuidad de operaciones de las estructuras paramilitares en los diferentes territorios y hacer efectivo el desmantelamiento del paramilitarismo y cualquier alianza con algunas estructuras de la Fuerza Pública.

A la Fuerza Pública

Cumplir las órdenes de desescalonamiento que sean proferidas por el gobierno nacional. 

Realizar sus acciones militares dentro del respeto Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, evitando afectar a la población civil.

Frenar la ofensiva de judicialización ilegal de líderes sociales, señalándolos de pertenencia a los grupos insurgentes.

Implementar las medidas requeridas para hacer efectivo el desmantelamiento del paramilitarismo y su alianza con estructuras de la Fuerza Pública.

Abandonar los planes de escalamiento de la militarización de las regiones.

A los medios de comunicación nacionales e internacionales

Precisar en informes, artículos y noticias en general, con mayor rigor y en respeto a la verdad sin la cual no puede haber justicia, los casos, circunstancias o situaciones en las que se vea afectado el Cese al Fuego Unilateral haciendo uso del DIH y del enfoque de derechos humanos, con el fin de facilitar a lectores y televidentes información que permita interpretar hechos generados en el marco de un conflicto armado. 

Visibilizar con mayor rigor acciones de estructuras paramilitares que operan en los territorios debido a la afectación que estas ocasionan en un escenario de Cese al Fuego Unilateral y en la búsqueda de una paz justa y duradera.

7.RECOMENDACIONES ADICIONALES:

 

A la Fiscalía General de la Nación, investigar y judicializar los hechos respecto a las graves transgresiones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones a los derechos humanos,  e iniciar de manera contundente las investigaciones, en que resulten implicados funcionarios del Estado, Fuerzas militares que por acción y omisión han resultado involucrados en dichas situaciones.

 

A los miembros de las partes en contienda, en especial a los miembros de las Fuerzas militares del Estado Colombiano, aplicar la excepción de inconstitucionalidad y desobediencia frente a cualquier acto, orden u operación administrativa que pueda poner en riesgo el Derecho a la Paz y a la población civil, y a garantizar en todo momento el principio de distinción entre población civil no combatiente y combatientes.

 

Al Estado Colombiano, Fiscalía General, Jueces de la Republica garantizar el derecho a la protesta social, inhibirse de judicializar a los líderes sociales y políticos, garantizándoles su vida e integridad personal, e implementar profundas reformas que erradiquen la doctrina del enemigo interno.

 

Llamamos a la insurgencia de las FARC-EP a mantener el respeto por la vida de la población civil.

 

Garantizar condiciones de dignidad, derechos a la salud, condiciones sanitarias y de habitabilidad de las cárceles, y comunicación con familiares para los presos políticos

 

 

[1]FARC-EP, “FARC-EP declara cese unilateral”http://www.farc-ep.co/, 08 de julio de 2015. La Habana Cuba.

[2] En cuatro oportunidades anteriores las FARC-EP han declarado unilateralmente el cese al fuego con efectos positivos en la disminución de las hostilidades y la intensidad de las acciones de guerra, con la voluntad explícita de respetar principios humanitarios y ambientar la confianza en el proceso de diálogo: La primera tregua se declaró entre el 20 de noviembre de 2012 y el 20 de enero de 2013; la segunda, entre el 15 de diciembre de 2013 y el 15 de enero de 2014; la tercera tregua fue declarada del 18 al 28 de mayo de 2014; la cuarta tregua se hizo durante el período anterior a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014, entre el 9 y el 30 de junio y el quinto cese unilateral se dio entre el 20 de diciembre de 2014 y el 22 de mayo de 2015 .

[3] CERAC informe Agosto 2015.

[4] Ver cuadro Anexo.

[5] Fuente: Informe Fundación Paz y Reconciliación Junio 2015.

[6]CERAC informe Agosto 2015.

[7] Al cierre del proceso investigativo para la presentación del presente informe, se tuvo información pública de 'Pablo Catatumbo', miembro de la delegación de paz de las FARC-EP, quien informó que luego de una investigación interna de esa organización, se logró establecer que integrantes de la columna ‘Daniel Aldana’ fueron los ejecutores del asesinato del líder comunal en Tumaco, Nariño.

[8] Ver cuadro Anexo.

[9] Ver: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/20/actualidad/1440...

[10] Denuncia recogida por CERAC informe 20 de agosto 2015.

[11] Fuente: informes territoriales de las organizaciones del Frente Amplio y encuesta aplicada por Dipaza  iglesias en diferentes regionales del país.

[12]http://www.elespectador.com/noticias/judicial/ejercito-confirma-muerte-de-un-soldado-tras-combates-fa-articulo-574571

[13]https://www.pazfarc-ep.org/index.php/component/k2/fecha/2015/7

[14]http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/exploto-artefacto-en-la-via-entre-medellin-y-la-costa-atlantica-FB2355205 y http://www.vanguardia.com/colombia/320267-explosion-en-yarumal-podria-ser-responsabilidad-de-las-farc

[15]http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/explosion-de-petardo-en-barrio-conquistadores-de-medellin-CA2376073

[16]http://www.elpueblo.com.co/elnuevoliberal/en-caloto-guerrilleros-de-las-...

[17]http://www.elespectador.com/noticias/nacional/incineran-un-bus-intermunicipal-el-meta-articulo-574211

[18]http://confidencialcolombia.com/es/1/dialogos_de_paz/17918/En-riesgo-cese-al-fuego-unilateral-de-las-Farc-farc-tregua-cese-unilateral--gobierno-fuerza-publica.htm y http://www.elespectador.com/noticias/paz/farc-dicen-bombardeos-del-ejercito-ponen-riesgo-el-cese-articulo-580238

[19]http://confidencialcolombia.com/es/1/dialogos_de_paz/17918/En-riesgo-cese-al-fuego-unilateral-de-las-Farc-farc-tregua-cese-unilateral--gobierno-fuerza-publica.htm y http://www.elespectador.com/noticias/paz/farc-dicen-bombardeos-del-ejercito-ponen-riesgo-el-cese-articulo-580238

[20]Frente amplio por la paz y la democracia con justicia social en el departamento Córdoba. Informe de seguimiento a tregua  unilateral de las FARC-EP y desescalonamiento de las operaciones del ejército nacional, Montería 20 de agosto de 2015.

[21]http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/portimochenko-dice-que-el-gobierno-sigue-con-bombardeos-a-la-farc/16242975, http://www.contagioradio.com/8-viviendas-afectadas-y-10-personas-heridas-deja-bombardeo-de-ffmm-en-putumayo-articulo-11882/e Informe de verificación de la Red de DDHH del Putumayo.

[22]http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/desarticulan-red-de-apoyo-al-terrorismo-de-las-farc-en-tumac-149296, http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/caen-tres-senalados-de-atentados-en-tumaco-149510, http://www.vanguardia.com/colombia/320852-capturan-a-dos-presuntos-guerrilleros-de-las-farc, http://www.noticierotvputumayo.com/?p=10037, ttp://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=381732, http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=381992, http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=382668, http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=382668, http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=382683.

[23]https://www.semanariovoz.com/2015/07/20/ejercito-agrede-a-la-poblacion-e...

[24]Frente amplio por la paz y la democracia con justicia social en el departamento Córdoba, Informe de seguimiento a tregua unilateral de las FARC-EP y desescalonamiento de las operaciones del ejército nacional, Montería 20 de agosto de 2015.

[25]http://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-paras-calle-articulo-566483

[26]http://www.elespectador.com/noticias/politica/onu-rajo-colombia-situacion-de-derechos-humanos-articulo-406296.

[27] Asesinato y amenazas contra líderes políticos populares de Remedios y Segovia, Antioquia

Cahucopana   http://prensarural.org/spip/spip.php?article17373.

[28]http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc...

[29]http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc...

[30]http://www.semanariovoz.com/2015/08/07/zonas-de-reserva-campesina-control-politico-o-diatriba-desatinada/. Documento escrito por la Agencia Prensa Rural.

[31] http://cms.onic.org.co/2015/08/el-programa-septimo-dia-de-la-cadena-cara...

[32]Pensar distinto no es delito. Solidaridad con DHOC  http://unionpatrioticacolombia.com/node/487

[33] http://radiosuperpopayan.com/18441/noticias/up-denuncia-presunta-detenci...

[34] http://www.colombiainforma.info/politica/derechos-humanos/2627-profesor-...

[35]http://linkis.com/s6uH2 Primer informe sobre la presencia neo paramilitar en Colombia. Anexo 2.

[36]http://www.elespectador.com/noticias/paz/farc-dicen-presencia-paramilita...

[37] Informe Comisión de verificación en el corregimiento El Aserrío. Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT /Miércoles 22 de julio de 2015. http://prensarural.org/spip/spip.php?article17339.

[38]http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=895:dp-caloto-7-de-junio-del-2015&catid=137:denuncias-cauca-2015&Itemid=355

[39] http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=900...