“VEEDURÍA ES ACOMPAÑAR LOS PROCESOS REGIONALES, NO SÓLO HACER UN INFORME FINAL”

 

Silvia Arjona Martín./ 10.09.2015

A petición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), Constituyentes por la Paz con Justicia Social ha participado en el último informe de la veeduría creada para hacer un seguimiento al cumplimiento del cese al fuego establecido por la fuerza insurgente, decretado entre el 20 de julio y el 20 de agosto. El papel que Constituyentes por la Paz viene desarrollando en Colombia para preservar y fortalecer la participación ciudadana para con el proceso de paz y la construcción de país ha sido fundamental para formar parte de este trabajo que, junto con el Frente Amplio por la Paz y con algunas Iglesias representadas, se ha plasmado en el informe Se debe acelerar el desescalamiento, presentado esta semana a la opinión pública.

En él se ha analizado tanto el cumplimiento del cese de las FARC-EP como el desescalamiento por parte de la fuerza pública, para lo que ha sido fundamental la información de las comunidades locales y sus organizaciones donde el conflicto armado es más severo. Aunque se han registrado acciones violentas contra líderes comunitarios, detenciones arbitrarias a defensores y defensoras de Derechos Humanos, así como denuncias de bombardeos a campamentos de las FARC-EP, los datos analizados establecen que la insurgencia “ha cumplido en un alto porcentaje” el pacto de no realizar acciones ofensivas contra la fuerza pública, contra las infraestructuras económicas ni contra las instalaciones militares o civiles. Por su parte, el Gobierno ha dejado de bombardear contra las FARC-EP y sus campamentos, aunque no en su totalidad.

Pero, ¿cómo se recoge y se sistematiza toda la información teniendo en cuenta la complejidad del contexto colombiano?, ¿cómo se han organizado para trabajar las organizaciones integrantes como veedoras?, ¿de qué manera interpretar los datos recaudados y compartidos en el informe? De todo esto hemos hablado con Rigoberto Rueda, integrante del equipo nacional del proceso de Constituyentes por la Paz con Justicia Social, para entender este trabajo desde dentro partiendo de la importancia de los procesos constituyentes y de participación popular.

Constituyentes: ¿En qué ha consistido exactamente esta veeduría?

Rigoberto Rueda: Esta veeduría ha sido una experiencia nueva a partir del 20 de julio, desde la última declaración de cese al fuego por las FARC-EP, ya que se han integrado las Iglesias de sectores menonitas, presbiterianos, luteranos, etc., y el equipo de Constituyentes por la Paz con Justicia Social, entidades que no estuvieron incluidas en las veedurías anteriores.

Las FARC-EP invitan a estos dos sectores nuevos a unirse al Frente Amplio –quien era veedor único hasta ahora-, y aceptamos la invitación para acompañar el cumplimiento del cese unilateral, porque lo consideramos importante como garantía del proceso de negociación de paz para que llegue a buen puerto.

Así, representantes del Frente Amplio por la Paz, de las Iglesias y de Constituyentes comenzamos a trabajar inicialmente para un mes y tomando como partida los compromisos de las partes para el cese al fuego. De un lado, las FARC-EP, que se comprometen a no hacer ofensivas millares contra la fuerza pública y a no hacer acciones contra la infraestructura económica del país. De otro, el Gobierno, cuyo compromiso es desescalar sus acciones ofensivas contra los campamentos de la insurgencia, según el anuncio que realizó el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, el 25 de julio.

Además de estos mandatos, la veeduría tenía también que seguir la presencia del paramilitarismo en el país, sobre todo sus acciones, así como hacer un seguimiento a la persecución a defensores y defensoras de derechos humanos.

C.: ¿Qué ha sido lo más importante de Constituyentes para formar parte de este equipo veedor?

R. R.: Una cuestión importante desde Constituyentes por la Paz ha sido la de insistir en que el proceso de veeduría no sólo es presentar un informe al final del periodo de verificación, sino que se trataba de acompañar los procesos regionales y de fortalecerlos.

Entendemos la importancia de las comunidades en el proceso de veeduría, porque son ellas las que realmente hacen las constataciones en las regiones, por lo que queríamos que los espacios departamentales de veeduría fueran amplios, que contaran con la participación de los equipos de Constituyentes y de otros espacios políticos que ya tuvieran experiencia como veedores en otros procesos.

En muchas regiones se lograron unir esfuerzos entre las partes veedores y se terminó con informes regionales muy importantes, como en Córdoba, Antioquia, Tolima, Arauca, Catatumbo…, donde se recogió información -que ya es pública- esencial para el espacio de verificación que se ha construido.

Por lo tanto, esta investigación se ha hecho desde las comunidades, con las gentes que viven el conflicto, y para Constituyentes por la Paz con Justicia Social es lo más importante.

C.: Desde las regiones, ¿cómo se ha trabajado y qué información ha sido clave para el objetivo de este informe?

R. R.: Desde el equipo nacional empezamos a convocar a los equipos de Constituyentes con experiencias de verificación en los ceses unilaterales anteriores, lo que nos dio un diagnóstico y unas necesidades.

En el diagnóstico, pese a que la gente verificó y constató el repliegue de la fuerza por parte de la insurgencia, también registró que ese repliegue se tradujo en ocupamiento militar en muchos territorios,  lo que se ha traducido en una estigmatización hacia las comunidades. El 15 de julio, en una reunión, la gente veía positivo la iniciativa de la insurgencia sobre el cese, pero veía negativo el avance del ejército. Pedían el cese bilateral, el unilateral se interpreta como algo frágil en términos de aspirar a un cese al fuego definitivo.

Una de las primeras propuestas era que se abra un cese bilateral incluso para que las acciones de verificación sean más claras. Es muy problemático identificar en el terreno una respuesta ante las guerrillas que sea fruto de un avance militar. Establecer cuándo un combate es producido por la iniciativa de uno u otro actor es muy difícil, por eso en la insistencia para el cese bilateral.

Lo otro que se ha estado haciendo ha sido trabajar en las regiones que nos pedían verificar, porque se veía como que el cese podía estar en riesgo debido al avance militar, lo que nos llevó a departamentos como Arauca, Catatumbo, Antioquia…

C.: ¿Qué papel han tenido, entonces, las comunidades para esta verificación?

R. R.: Las comunidades han tenido la capacidad para verificar. Insistimos en que es necesario verificar de manera seria, rigurosa y veraz para que los informes sean también serios, y sobre todo en la perspectiva de que esta etapa va a durar, se va a prolongar por varios meses más, y es necesario que en las comunidades y nosotros mejoremos la capacidad de verificación, para el registro y el procesamiento de la información.

La importancia de la participación de Constituyentes y las Iglesias es que tenemos un contacto directo con las comunidades locales y sus organizaciones, lo que hace que se potencie el testimonio. Hemos logrado y avanzado en este informe en la reivindicación del testimonio como el elemento principal para la verificación. Lo que la gente puede constatar en la región. A diferencia del formato académico que le da mucha importancia al testimonio pero que se fía más de la prensa y de la información oficial.

Esto creo que es un aprendizaje enorme y una buena parte del informe se basa en las fuentes directas.

C.: ¿Entonces, las fuentes oficiales no se han tenido en cuenta en esta veeduría?

R.R.: Sí, hemos hecho también un uso semántico de las fuentes de prensa y del ejército, son también importantes porque establecen cuáles son sus acciones ofensivas, dónde establecen los registros, etc.

Lo que hemos aprendido es que en un conflicto no sólo son las acciones millares las de las FARC, por lo que la verificación tiene que tener en cuenta todo el escenario de la guerra. Por ello, no compartimos mucho los informes que se hacen sólo con prensa, donde no recoge la información de las comunidades o de entidades como la oficina de derechos humanos de Marcha Patriótica y otras que velan por la protección de los derechos de las personas en Colombia.

C.: Adentrándonos en lo recogido en el informe, ¿realmente se ha cumplido el cese al fuego?

R. R.: Sí. Diferenciamos el cese del desescalamiento, lo que se comprometió el Gobierno nacional. El cese, en tanto que no hay registro de actividad contra la infraestructura del país, se cumplió total. Se presentan algunos combates pero ninguno como violación al compromiso del cese, no se trata de acciones ofensivas. Por parte del Gobierno, sí se registraron varios bombardeos en Córdoba, Caquetá y Meta, a pesar del compromiso de no bombardear los campamentos de la insurgencia.

El informe también es interesante porque muestra la complejidad de la guerra, no sólo las acciones ofensivas. Muestra que es una tregua q se hace más en el campo militar con algunos avances en el desescalamiento. Notamos, por ejemplo, que el lenguaje se ha desescalado: al principio del 20 de julio, se señalaba directamente a las FARC en cualquier hostigamiento; con el paso de los días, el lenguaje empieza a ser más prudente.

C.: Sin entrar en el debate de la palabra “objetividad”, ¿ésta ha existido para la verificación?

R. R.: El establecimiento de los hechos ha sido la objetividad, y no significa que éstos puedan tener distintas lecturas e interpretaciones.

Podemos defender la idea de que hemos establecido hechos corroborados con la gente, se han consultado diferentes fuentes, hemos atendido incluso aquellas acciones de presunción de responsabilidad de las FARC, y también hemos observado y seguido las de las fuerza pública.

Este trabajo tiene una opción por la paz y por fortalecer el proceso de negociación, por sacar a buen puerto los diálogos de La Habana, lo que significa que no es algo neutral sino algo bien marcado. Tenemos una puesta por la paz y sabemos que verificar y hacerlo bien es también un mandato ético.

C.: ¿Cómo ha sido el trabajo entre todas las entidades para la veeduría?

R. R.: La complejidad de la guerra, el poco tiempo para investigar y el que no nos conociéramos entre las entidades ha podido dificultar el trabajo, especialmente en cuanto a la organización, pero por lo general ha sido un ejercicio amable. Las Iglesias aportaron una experiencia y una preocupación por la dimensión ética y mística muy interesante. Nosotros teníamos el potencial del contacto con las comunidades.

El principio fue más complejo debido a las ya establecidas prácticas organizativas y costumbres de trabajo de cada entidad, pero al final ha merecido la experiencia y nunca perdimos la unidad.

C.: ¿Qué efectos queréis que se produzcan con el informe Se debe acelerar el desescalamiento?

R. R.: Queremos que el informe sea conocido, que se difunda, que sea una herramienta de trabajo y sirva para la verificación que continúa. Sería un insumo para las comunidades y regiones, para que tengan una dimensión nacional del proceso y que todo el mundo se llene de razones por la necesidad del cese, de las conveniencias que tiene bajar las acciones bélica, que es mejor la negociación, la desmilitarización y el cese del fuego antes de continuar la guerra.

En otro sentido, queremos que tenga un efecto político porque hay unas recomendaciones a las partes para disminuir los efectos del conflicto en la población civil y las comunidades.

A la fuerza pública se la recomienda que cesen sus planes de militarización de las regiones, que garanticen el cumplimiento de los mandatos de desescalamiento que ha hecho el Gobierno y que garanticen una persecución franca y efectiva contra el paramilitarismo.  A las FARC se les ha pedido también que hagan una acción que no afecte a la población civil.

C.: ¿Qué va a hacer la veeduría a partir de este informe?

R. R.: Se va a seguir la documentación de los hechos, seguir registrando y mejorando los instrumentos de recolección de información y haciendo seguimiento a los casos y procesos, especialmente aquellos que están en las regiones más críticas.

Creemos que es necesario trabajar mejor en la organización de la información, sin seguir las sinergias y la cultura organizativa y estilo de trabajo de ninguna entidad en concreto. Tenemos la mejor disposición para continuar un trabajo unitario, tanto con el Frente Amplio como con las Iglesias.

Concretamente, el trabajo junto a las Iglesias nos ha parecido muy interesante. Primero, porque están en las comunidades. Segundo, porque son serios en el trabajo. Tercero, porque nos han enseñado que la verificación es una apuesta ética por conocer la verdad del conflicto. A partir de este informe, hay que hacer un balance de la experiencia de este mes para ver cómo mejorar y cómo continuar.

C.: De cara a los diálogos de paz que se están negociando en Cuba, ¿qué importancia tiene este trabajo de las organizaciones sociopolíticas para La Habana?

R. R.: Al ampliarse los espacios de veeduría se está ampliando la sensibilidad con la negociación política y la paz a más sectores de la sociedad colombiana, y esto le sirve al proceso en La Habana.

Debido a que los diálogos de paz se están llevando con mucha discreción, fuera del país, no se tiene acceso…, los procesos de verificación acercan la negociación y la preocupación por la paz a la gente y, además, termina acercando a La Habana los procesos locales. Sirve para romper con el aislamiento que tiene la sociedad colombiana con el proceso porque, claramente, los medios masivos de este país no han hecho una apuesta seria por la paz y por la negociación, por lo que la opinión general está muy alejada de los eventos de La Habana, de lo que pasa, no sólo de los temas que se están discutiendo allá, sino también de la importancia de los temas que se están discutiendo.

De este modo, la relación entre el proceso de verificación y de negociación está más cerca: lo que pasa en La Habana con lo que pasa en las regiones; del significado de la paz y de lo que puede dar lugar la paz. Y con todo, yo creo que va a permitir ampliar lo que podemos llamar pedagogía de paz.

Y de aquí hacia allá también le puede servir a la delegación de paz de la insurgencia y al Gobierno para que tengan el pulso de las regiones, una idea concreta de lo que la gente está sintiendo y cuáles son sus temores. Ahora éstos están especialmente ligados a la presencia del paramilitarismo, que no se controla ni se combate, que incluso se niega presentándolo como “delincuencia común” y desligándolo con la primera etapa del paramilitarismo. Ciertamente ahora hay nuevas estructuras, nuevos nombres de operaciones, pero el fenómeno del paramilitarismo continúa, y eso se palpa en las regiones.

Al mismo tiempo, existe miedo ante la militarización en las regiones: cuando se desembarca tropa de manera desproporcionada, cuando se ocupan bienes civiles para instalar bases o campamentos militares, cuando se mantiene el patrullaje de la fuerza pública muy cerca de los centros poblados… Todo esto genera zozobra, y esa sensibilidad es importante que los negociadores de las partes la conozcan para que ayude también al cese bilateral, sabiendo que esto es un paso fundamental para llegar a la paz.

C.: Por último, y en relación a las próximas elecciones regionales en Colombia, ¿cómo se espera que sea reconocido y tenido en cuenta este informe?

R. R.: Espero que los grandes medios conozcan el informe y muestren sus conclusiones y resultados, que lo visibilicen y sean serios. Es un informe que tiene mucha importancia, por lo que queremos que tenga un tratamiento serio, el que merece, un aporte al proceso de negociación y a la paz en general.

En Constituyentes por la Paz con Justicia Social ya hemos difundido el informe por nuestra web y a través de las redes sociales, pero separamos imprimirlo también para llevarlo a las regiones, porque no todo el mundo tiene internet, con la idea de que llegue a cuantas más personas mejor y ayude a esa pedagogía de paz: acercar La Habana a la sociedad y la sociedad a La Habana.

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