“LLAMAMOS A LA MOVILIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA COMO PROTAGONISTA DEL CAMINO HACIA LA PAZ”

 

Silvia Arjona Martín./ 13.11.2015

El apretón de manos entre el presidente del Gobierno, Juan Manuel Santos, y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), Timoleón Jiménez, el pasado 23 de septiembre en La Habana ante la firma del acuerdo de Justicia Transicional parece haberse borrado y, con ello, las esperanzas generadas haberse perdido.

Un contexto confuso y lleno de contradicciones en lo dicho y prometido por las partes han hecho que las sonrisas y las camisas pulcras de esa histórica imagen se hayan embarrado con los días. El presidente Juan Manuel Santos ha asegurado esta semana que el cese al fuego bilateral sólo será posible cuando se alcancen acuerdos en el punto tres de la agenda, relacionado con el fin del conflicto; mientras que las FARC, por el contrario, proponen una tregua bilateral previa como paso gradual a dicho cese al fuego definitivo y de hostilidades.

Este panorama, junto con el aumento de la presencia militar y paramilitar en algunos departamentos de Colombia, ha hecho que la Veeduría Social para la Paz -creada a petición del grupo insurgente para velar por el cese al fuego unilateral e integrada por el Frente Amplio, Constituyentes y distintas espiritualidades- realice un llamamiento a toda la ciudadanía de Colombia para sumarse al proceso y a la lucha por la paz.

Tras contundentes conversaciones con el Gobierno y las FARC-EP, la Veeduría Social se muestra optimista para que esta senda recorrida no se borre de un plumazo y la paz se haga realidad el próximo 2016. Aun así, en el Octavo Informe a la Comunidad Internacional titulado "Se necesita cese bilateral al fuego y garantías reales de no repetición", presentado esta semana, dan cuenta de la urgente necesidad del desescalamiento del conflicto y de apoyar una tregua bilateral.

Hablamos con Andrés Gil, integrante de Constituyentes por la Paz con Justicia Social y miembro de la Veeduría Social, para que nos contextualice el panorama colombiano actual y el camino a seguir por el movimiento social y político del país.

 

Pregunta. En primer lugar, ¿cuál es el contexto que presenta hoy el proceso de paz de Colombia y cuáles son las principales preocupaciones que existen entre el movimiento social y político al respecto?

Respuesta. Bueno, en primer lugar se firmó un acuerdo de Justicia Transicional por parte del Gobierno y las FARC y la sensación que la ciudadanía tuvo fue que el acuerdo de paz estaba seguro. Días después, en un rife rafe, pareciera que hay precisiones ante dicho acuerdo: las de las FARC están relacionadas al nombramiento de los magistrados superiores de justicia, y las del Gobierno a las consideraciones del propio sistema judicial para juzgar.

Por lo tanto, estas discrepancias hacen que ahora no se sepa del todo si la firma definitiva de la paz para Colombia cumplirá los seis meses prometidos (tras la firma del acuerdo de Justicia Transicional realizada el pasado 23 de septiembre), previsto para el próximo 23 de marzo de 2016.

Esta actitud ambivalente del presidente Juan Manuel Santos y de sus negociadores genera una primera confusión que hay que precisar y establece las materias que se firmaron aunque, según las FARC, en lo relativo a los magistrados no a todo lo acordado.

Una segunda cosa que nos preocupa es el copamiento militar en los territorios, ya que todo avance sobre los territorios es una ganancia militar para los contrarios y parecía ser que se quiere colocar cada vez más en la profundidad de la selva a la insurgencia. Además, hay una retoma paramilitar de los territorios que afectan a las comunidades. Cada vez más es una fuerza que actúa con más evidencia y que ha expresado su crecimiento y rearticulación

Ante esto, y pese a que el Gobierno ha expresado recriminar el paramilitarismo, nos sigue preocupando. Y es que tienen apoyo económico, apoyo del empresariado, apoyos del poder político público, lo que llaman parapolítica… En las pasadas elecciones 160 candidatos estuvieron vinculados con la parapolítica, de ésos 125 fueron elegidos como representantes políticos. Por eso, es un fenómeno con articulaciones regionales, con acuerdos nacionales y que puede sabotear, incluso, el proceso de paz.

Y otro elemento que ahora preocupa es lo relativo al cese bilateral. Éste debe ser considerado después de firmado el acuerdo, porque se ha hablado de la necesidad de reubicar y concentrar a la insurgencia en unos territorios geográficos definidos. Pero si el cese bilateral se acuerda antes de la firma del acuerdo, es una desventaja para las FARC, de ahí que éstas planteen una tregua bilateral previa.

Por lo tanto, es difícil hablar de cese bilateral porque tanto Gobierno como FARC lo quieren en momentos distintos.

 

P. ¿Qué opinión tiene la Veeduría Social ante la posibilidad de una tregua bilateral?

R. La tregua es planteada por las FARC ante la aparente desventaja que presenta un cese bilateral previo a la firma de paz. La tregua significaría no la concentración de fuerza de la FARC, sino que cesen las hostilidades de todo tipo y que se definan unos espacios, unos colchones humanitarios de las partes. Porque a estas alturas del proceso las ventajas han de sacarse en virtud de las negociaciones, de los avances positivos para el país y para el desescalamiento del conflicto.

Si seguimos en la lógica de ganar ventajas militares y políticas sobre el otro para luego ponerlas en la mesa, obviamente puede llevar a una polarización de la mesa y un reflejo de situaciones difícil en los territorios donde se pueden desarrollar confrontaciones.

 

P. Esta semana integrantes de la Veeduría Social viajaron a La Habana para reunirse con las FARC-EP, ¿de qué se habló en ese encuentro?

R. El viaje a La Habana sirvió primero para atender puentes que permitan avanzar en los acuerdos entre el Gobierno y las FARC-EP para el desescalamiento del conflicto y expresar las preocupaciones de las comunidades. También sirvió como referente necesario para las acciones de movilización y pedagógicas que acompañen a la paz. Creemos que el papel de la Veeduría Social no sólo es hacer veeduría del cese unilateral y el desescalamineto del conflicto sino también pedagogía nacional para que la gente del común tenga una referencia de lo que significa el proceso de La Habana y la posibilidad de una paz para Colombia. Qué cambios y qué transformaciones individuales y colectivas necesita el conjunto del pueblo colombiano.

Hoy hemos conocido que hay un 69% de la ciudadanía que está a favor del proceso de paz en La Habana, lo que significa que todos estos esfuerzos van en buen camino. Y que el desescalamiento se pueda pactar de manera conjunta entre las FARC y el Gobierno con medidas efectivas que mejoren las condiciones de vida del pueblo colombiano.

 

P. ¿La reunión con el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en Bogotá tuvo los mismos objetivos?

Bueno, el ministro de Defensa tuvo una actitud de escucha, manifestó sus preocupaciones por las que no se puede avanzar, dijo que han cumplido con no bombardear, alegó que siguen persiguiendo el delito y por eso excusa el copamiento en el territorio, y aseguró desconocer la caracterización del paramilitarismo.

Creo que el desencuentro grande con el Gobierno es que todavía no quieren atacar con fuerza al paramilitarismo. Para nosotros, por el contrario, definir y caracterizar el paramilitarismo es clave para atacar ese fenómeno. Decir en qué consiste, cuáles son sus vínculos con la clase política y empresarial, cómo está institucionalizado este fenómeno…, da lugar a definir las estrategias para combatir el paramilitarismo.

 

P. La Veeduría Social presentó este jueves el octavo informe nacional sobre el cumplimiento del cese al fuego unilateral, ¿qué podemos encontrar ahí como novedad?

R. En él se refleja la preocupación ante el copamiento militar en los territorios y la fuerza del paramilitarismo en regiones. No podemos estar hablando de un acuerdo de paz con el Gobierno si este fenómeno avanza. El énfasis del informe es la necesidad del desescalamiento y de la tregua bilateral y un combate más frontal contra el paramilitarismo por parte del Estado.

Nosotros, de hecho, tenemos una iniciativa de hacer copamientos humanitarios en lugar de copamiento militares, acompañados por sociedad civil y comunidad internacional.

 

P. ¿Qué pasaría si el proceso de paz empieza a resquebrajarse?

R. Creemos que hay preocupaciones pero somos muy positivos. Se han dado pasos importantes, hay un apoyo internacional importante. Hay que trabajar en que ese apoyo nacional tenga cada vez más relevancia y para ello es clave que la ciudadanía tenga información, sepa del proceso y que eso les lleve a optar para apoyar la paz. Que el pueblo opte por acompañar, que realicen acciones de respaldo que impidan que las dificultades de las partes puedan llegar a un acuerdo final.

Con el apoyo de la ciudadanía podemos llegar a un acuerdo por la paz. Y en eso estamos trabajando, estamos ubicando acciones para que el Gobierno y las FARC entiendan que hay un sentimiento mayoritario del pueblo colombiano por la paz y que eso no pueda ser obviado ni desconocido por las partes y que eso dé lugar a resolver las instancias que hay en la mesa para poder avanzar hacia la paz.

 

P. ¿Y cree que ese respaldo se está dando?

R. Hay que trabajar, en eso estamos. Somos conscientes de que hay que seguir apostando por la pedagogía y la movilización.

En general, nosotros lanzamos un mensaje de apoyo a la paz y para ello queremos hacer una jornada, que todavía no le hemos dado el nombre, para mediados de diciembre, como parte de una campaña del movimiento social y popular para que, en los contenidos que se vayan cerrando en los acuerdos, cada vez más el pueblo colombiano sea protagonista para concretar los acuerdos y hacer veeduría.

 

P. ¿Qué papel y cómo será la participación de las regiones para incrementar el respaldo y la movilización?

R. A estas jornadas nacionales la idea es dar protagonismo a las regiones y comunidades de Colombia. A las comunidades les interesa mucho más movilizarse por la paz porque es allá donde está realmente el conflicto y la idea es que tengan el espacio para ello.

 

P. Para cerrar y partiendo del contexto actual que vive el proceso, ¿cómo ve el panorama?

R. Como dicen por ahí, es un panorama en el que ‘todo es oscuro antes del amanecer’ y creemos que esa luz la puede generar el movimiento social y popular.

Si la gente se moviliza se genera más opinión a favor de la paz; si hay más claridades de las implicaciones que tendría el acuerdo al que se llegue, si hay un entendimiento en La Habana…, va a generar que esos pulsos, aparentemente militares, se realicen fundamentalmente y únicamente en el terreno político. Lo que significa que hay que avanzar y concretar acuerdos en el desescalamiento para llegar a un enfriamiento de la guerra y a un calentamiento de la paz.