AVANCE DEL PARAMILITARISMO Y ACCIONES DE LA FUERZA PÚBLICA AMENAZAS REALES AL PROCESO DE PAZ

 

La confrontación armada entre las partes sentadas a la mesa de diálogos de paz en Cuba disminuye en los últimos tres meses, aunque las acciones de la Fuerza Pública contra dirigentes y comunidades y el avance del paramilitarismo en algunas regiones de Colombia amenazan el cese unilateral al fuego declarado por las FARC-EP, según el último informe de la Veeduría Social para la Paz.

Silvia Arjona Martín.

“En algunas regiones de Colombia se prevé que exista una reestructuración de grupos paramilitares que presentan un patrón similar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de los años 90 y 2.000, ya que amenazan a las mismas personas: líderes sociales y políticos, defensores y defensoras de derechos humanos, reclamantes de tierras y políticos de oposición”.

El octavo Informe de la Veeduría Social para la Paz[1] titulado Se necesita cese bilateral al fuego y garantías reales de no repetición detecta un aumento de la presencia paramilitar en los territorios a pesar de que entre el 20 de septiembre y 20 de octubre han disminuido las confrontaciones armadas entre las partes que participan en los diálogos de paz en La Habana (Cuba).

“Ahora hay otros factores de violaciones de derechos humanos y de infracciones al derecho Internacional Humanitario, especialmente por el accionar de tropas de uniformados y armadas en el Chocó, Norte de Santander, Meta, Antioquia y Nariño”, explicaba uno de los miembros de la Veeduría Social, Agustín Jiménez, en la presentación de dicho informe.

Estos grupos se encuentran avanzando en aquellas regiones y zonas donde existen intereses empresariales, especialmente ligados al cultivo de palma aceitera, la extracción minera o la ganadería intensiva (grandes terratenientes), entre otros sectores, y por ello este fenómeno cada vez más preocupa tanto a comunidades afectadas como a sectores sociales que luchan por la paz.

“Lo primero que hay que hacer es reconocer el problema, porque desde hace unos años los gobiernos de Colombia decidieron anular la presencia del paramilitarismo con un cambio de denominación y ya no aparecen en las estadísticas ni en el lenguaje oficial. Lo segundo es romper cualquier vínculo entre agentes del Estado y este tipo de estructuras. Y lo tercero es generar una cultura en la sociedad colombiana anti paramilitar, que el paramilitarismo no sea aceptado de una manera pasiva, dar un debate público sobre este asunto”, argumentaba el Senador Iván Cepeda en la rueda de prensa de este informe a preguntas de los periodistas.

A esta alarmante situación hay que sumarle las acciones ofensivas por parte de la Fuerza Pública. “Entre el 20 de septiembre y el 20 de octubre se registraron cuatro casos de ametrallamiento y un caso de bomba por parte de la Fuerza Pública, mientras que por parte de las FARC-EP no se conoció ninguna actuación”, se denuncia en el documento de la Veeduría Social.

En concreto, en dicho periodo ha habido siete personas asesinadas, tres desaparecidas y cuarenta y un casos de judicialización pertenecientes a sectores sociales, de derechos humanos y defensores de la paz. Asimismo, al menos unas 150 familias tuvieron que ser desplazadas en el Bajo Atrato Chocano ante la presencia amenazante de las estructuras paramilitares y militares.

A estas realidades en Colombia hay que añadir el enfrentamiento producido en el día de ayer entre el Ejército Nacional y la policía contra el campesinado de Argelia, en el Cauca, en un intención de erradicar el cultivo de hoja de coca, ocasionando la muerte a un joven de 20 años y las heridas a unos seis campesinos por arma de fuego, según las últimas noticias en la prensa. Así como también el cruel asesinato al defensor de derechos humanos Daniel Abril el pasado 13 de noviembre en Trinidad (Casanare) por sus trabajo contra las multinacionales del petróleo y los despojadores de tierra o los corruptos del Estado.

Exigencias para La Habana

La Veeduría Social insiste por todo ello en hacer un llamado al Gobierno Nacional para que “se profundice la suspensión de acciones que ponen en riesgo el alto al fuego que desarrolla la guerrilla de las FARC”. También solicitan que se siga avanzando en los acuerdos sobre el punto tercero de los acuerdos de paz, porque atañe a la terminación del conflicto. Y proponen que se instale la línea de comunicación directa entre las FARC-EP en La Habana y el Ministerio de Defensa a través de lo que han llamado el teléfono rojo, para que se pueda sortear cualquier situación que ponga en riesgo el proceso que se viene avanzando de manera exitosa.

“Muchas veces estos procesos se hacen complejos por la incomunicación, por lo que creemos que este mecanismo es importante bien para sortear alertas o dificultades que se presenten. Pero también insistimos en que debe haber un dialogo humanitario en los territorios, que las unidades militares y de la guerrilla puedan tener una comunicación que den lugar a confianzas y a poder resolver problemas en el terreno, como también con las comunidades y con las autoridades locales”, decía Cepeda.

La Veeduría Social, además de veedores del cese unilateral al fuego de las FARC-EP plantea soluciones a las posibles amenazas para el futuro de la paz para Colombia y recomienda para el desescalamiento del conflicto que el Gobierno Nacional implemente políticas y acciones concretas para el desmonte del paramilitarismo, que cumpla con lo acordado para el Cese Bilateral al Fuego Definitivo y que cesen los bombardeos y ametrallamientos en los territorios por parte de la Fuerza Pública.

Asimismo, exige garantías para la oposición en Colombia, se respete el derecho constitucional a la protesta social, se garantice la protección a las y los defensores de derechos humanos y que la Comunidad Internacional mantenga su papel de observación en el proceso de paz.

 

[1] Colectivo creado como veedor del cese unilateral declarado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) e integrado por el Frente Amplio, Constituyentes por la Paz y distintas espiritualidades e Iglesias de Colombia.